El fallo de la Corte Constitucional (CC), emitido el miércoles 28 de octubre de 2020, no satisfizo a los exservidores públicos del país y, con fecha 7 de noviembre, presentaron ante esa entidad una petición de aclaración y ampliación de la sentencia.
En la mañana del 28 de octubre de 2011, hace nueve años, fueron despedidos a escala nacional alrededor de 4.500 servidores. En Loja ocurrió lo propio, habiendo salido 106 personas del Ministerio de Gobierno, al igual que de otros ministerios.
El caso llevó a los servidores a protestar en las calles y también en los tribunales hasta que, el mes anterior, la CC declaró la inconstitucionalidad parcial del Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, relacionado con la compra de renuncias obligatorias.
La sentencia, en lo principal, estableció que las renuncias sean solo voluntarias, que los demandantes no devuelvan las indemnizaciones recibidas en un inicio, y que no podrán enjuiciar al Estado.
Lo resuelto por la CC, en vez de calmar los ánimos, los caldeó y los demandantes resolvieron no suspender el plantón permanente frente al edificio de la Corte y más bien nutrirlo hasta que se dé una respuesta al pedido planteado en días anteriores.
Piedad Guerrero Vivanco, una de las despedidas y representante en esta provincia, dice que se espera que se tome en cuenta a los servidores públicos despedidos hace nueve años.
“Pedimos la reparación de daños que se ocasionaron con este injusto despido, tal y como lo hicieron con los jueces, también servidores públicos. Queremos un trato sin discriminación e igualitario”, precisa la vocera que, al momento, se encuentra en Quito formando parte del plantón.
DÍGITO
Alrededor de 4.500 servidores públicos fueron despedidos mediante la aplicación del decreto 813.