Experto en Derecho Constitucional y Laboral, Mario Mingo, dice que los grandes empresarios y grupos económicos se confabularon.
El lojano Mario Mingo Morocho, profesional del Derecho y litigante en Derecho Constitucional y Laboral, expresa que en materia de conquistas y derechos laborales de los obreros se está retrocediendo en el país y en números dice que se ha vuelto al año 2007.
De allí que considera que el nuevo Régimen y la Asamblea, a elegirse el 7 de febrero de 2021, deben dejar sin efecto todos estos actos de los poderes del Estado que vulneraron los derechos de los trabajadores, así como exhorta a trabajar en otras instituciones jurídicas en materia laboral, a fin de poder seguir avanzando en la garantía de los derechos.
Acota que los derechos laborales alcanzados han sido el fruto de una lucha de clases, donde han aportado dirigentes, trabajadores, activistas sociales, ciudadanos, y en virtud de ello hay que defender nuevamente lo que corresponde, haciendo respetar la norma constitucional.
En este sentido, invita a los jóvenes, trabajadores y ciudadanos a defender juntos los derechos que se han perdido, pero insiste que ello se logrará mediante la organización de los diversos sectores, sobre todo, perdiendo el miedo a los poderes y a los gobiernos de turno, aunque siempre haciéndolo con la altura respectiva.
Mario Mingo Morocho, al momento, se encuentra ejerciendo su profesión en la ciudad de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, hacia donde viajó hace alrededor de cinco años para ocupar el cargo de inspector del Trabajo, donde estuvo, aproximadamente, dos años y medio y, luego, uno año como asesor del Ministerio del Ambiente.
Dice que en la provincia oriental se encuentra a gusto porque esa tierra y su gente, a partir de su llegada, procedente de Loja, lo recibieron bien. Manifiesta que está agradecido porque en este lustro ha alcanzado mucho éxito, sobre todo en lo profesional.
¿Cómo se dio su ingreso a la función pública?
Se dio por una casualidad. La Red Socio Empleo del Ministerio del Trabajo, revisando mi hoja de vida, me llamó para laborar en Machala, pero, dada la circunstancia, me ofreció en Lago Agrio. La actividad de inspector del Trabajo me permitió sumar experiencias, alcanzado, por tanto, humildemente, algunos éxitos en la vida profesional.
¿Qué casos le tocó conocer como inspector del Trabajo?
Muchos. Uno de ellos fue el caso emblemático del reintegro de 86 trabajadores al Consejo Provincial de Sucumbíos, que fueron despedidos, vía enmienda constitucional, en el régimen del entonces presidente Rafael Correa, que dejó a 86 familias en la desocupación.
Allí hubo malas interpretaciones por parte del Consejo Provincial, malas actuaciones e inobservancia del Derecho Constitucional. Fue un caso muy complejo, pero no imposible porque hubo la vulneración de los derechos. El poder haber logrado que los trabajadores regresen a la entidad me llena de mucha satisfacción.
¿Hubo presiones contra usted?
Hubo propuestas políticas y presiones económicas, sin embargo, tuvimos e hicimos respetar el derecho de 86 trabajadores y sus respectivas familias.
¿Es difícil ejercer ese cargo?
Es bastante complejo, más aún cuando están de por medio necesidades individuales, pero uno siempre tiene que elegir en hacer lo correcto y eso lo hicimos. De la universidad se llega con grandes expectativas a la función pública: hacer lo correcto, sin presiones, pero ya en el campo de la realidad uno se choca con cierto tipo de situaciones que, no teniendo valores, ni principios, fácilmente algunos funcionarios acceden, sea por necesidad o por otro tipo de situaciones, pero en nuestro caso no lo hicimos.
¿Cree que esto se da siempre?
Tenemos la experiencia de decir que en cualquier gobierno, de derecha o de izquierda, hay personas privilegiadas con padrinos, que gozan de cierto tipo de beneficios por el simple hecho de estar en el poder.
¿No hay funcionarios públicos buenos?
Así como hay buenos funcionarios, hay también malos. Claro, los buenos son contados en el Ecuador. Ahora como abogado en libre ejercicio y en provincias fronterizas como Sucumbíos, donde realmente es admirable cómo se manejan las cosas en los juzgados, en las fiscalías, pero hemos sido muy rectos y frontales para defender los derechos de nuestros patrocinados.
¿El fallo a favor de los 86 trabajadores tuvo algún efecto en su contra?
Sí. El hecho de disponer el reintegro me costó el puesto de inspector del Trabajo de Sucumbíos. Hubo presiones de los propios asesores del Ministro, del prefecto de ese entonces, que tuvo una cierta injerencia en el poder y quien mucho tuvo que ver para que se diera por terminado mi contrato de trabajo ocasional (…), es decir, no cumplí con las expectativas que ellos, en un momento, quisieron imponer.
¿Eso lo amilanó?
No. Seguimos con la misma forma de trabajar, los mismos valores y los mismos principios y por eso la gente acude a nosotros para que la defendamos. Hacemos prevalecer lo que dice la Constitución.
¿Los empresarios aprovecharon la pandemia para echar a sus obreros?
El Gobierno se confabuló con los grandes empresarios y grupos económicos para promulgar la Ley Humanitaria con la cual malos empleadores se aprovecharon para despedir a cientos de trabajadores, como lo que se hizo con los del Diario La Hora de Loja, que lo hicieron de manera súbita, sin respetar la norma constitucional.
¿Hay viveza criolla en ciertos empresarios?
Existe viveza en malos empresarios que interpretaron esta Ley a su manera y de acuerdo a sus intereses, dejando sin trabajo a cientos de familias, incluso con mala fe.
¿Qué les queda a los obreros despedidos en la pandemia?
Acudir a los jueces del Trabajo para que ordenen al empleador cancelar todos los haberes.
UN BREVE PERFIL
Estudio en el colegio Bernardo Valdivieso.
Los superiores en la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Derecho.
Fue Inspector del Trabajo en Sucumbíos.
Asesor del Ministerio del Ambiente.
Al momento, se encuentra en libre ejercicio de la profesión, en Lago Agrio.