El racionamiento de la energía eléctrica altera las labores de los ecuatorianos, cambian las jornadas de trabajo, disminuye la producción y genera incertidumbres debido a la deficiente comunicación de la crisis.
Los cortes de luz iniciaron sin aviso, o con poca difusión. Costó comprender que la lógica de oferta y demanda de electricidad cambia los horarios y duraciones de los apagones. En lugar de avisos, notas o entrevistas fluidas, se presentaron boletines sobre aparentes sabotajes y ubicando culpables.
Al mismo tiempo, periodistas y expertos sugirieron planes y estrategias para que ministros y más gestores públicos comuniquen lo sucedido y, en la medida de las posibilidades, los hogares y empresas planifiquen, sin embargo, tardó en llegar una explicación para los ciudadanos.
Quedan preguntas y compromisos para enfrentar nuevas dificultades en las que es imprescindible conocer las estructuras de la comunicación social a través de las plataformas digitales, hoy afectadas por la desinformación y regulaciones mínimas.
Sobre la base de garantías para la libertad de expresión se deben procurar compromisos para fomentar una opinión pública que consolide la democracia. El derecho al contar con información pública está en las leyes ecuatorianas, pero en este trance se incumplió. El gobierno no otorgó a tiempo datos, fuentes y testimonios. ¿Cómo mejorar la gobernabilidad si las autoridades no respetan las leyes? La ciudadanía toma consciencia que sin información de calidad disminuyen sus posibilidades de mejores servicios y a precios justos.
Tal vez, lo positivo de los desabastecimientos eléctricos sea una colectividad sensible a identificar los compromisos y cumplimientos de las promesas políticas y, pese a las imperfecciones, una participación medida por las redes sociales.
Abel Suing
arsuing@utpl.edu.ec