El marco jurídico de nuestro país ampara la delincuencia organizada sin que nadie pueda hacer nada. Los bancos en Ecuador tienen pleno poder de asaltar a los usuarios a la luz del día y desvalijarlos sin que a nadie le importe.
En ningún país de derecho se podría pensar que a los cuenta ahorristas se les pague una limosna que no llega al tres por ciento por el dinero que éstos depositan en las entidades bancarias, mientras que, cuando ellos extienden préstamos a los desamparados usuarios, cobran intereses de hasta el 16 por ciento. En esta trampa económica, los bancos día a día se apoderan del esfuerzo ajeno de una manera tan miserablemente concebida que nadie parece notarlo.
En todos los pagos en los que el cliente usa su tarjeta ya sea de débito o peor aún de crédito, las tarifas son excesivamente altas, pero los ingenuos usuarios, generalmente no reparamos ni nos damos cuenta de estos gastos; así mismo, las transferencias electrónicas en las que no hay ningún tipo de gasto por parte de los Banco, cuestan 36 ctvs y también el banco le cobra 20 ctvs por recibirla; el costo por emisión de nuevas tarjetas oscila alrededor de cinco dólares, cuando su costo real no llega a un dólar.
Finalmente el uso de cajeros es otro robo despiadado: cada que el usuario saca su dinero, le cuesta 50 ctvs., cuando el cajero no pertenece a su banco, si imprime recibo, le robarán 35 ctvs. adicionales y después de asaltar a los usuarios, ni siquiera gastan en un miserable frasco de gel para desinfectarse las manos en tiempos de pandemia. Esa es la protección que nos brindan el Gobierno y las leyes a los desprotegidos ciudadanos